El Ayuntamiento de Málaga ha sellado un acuerdo con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla para implantar una medida pionera: la figura del administrador de oficio para comunidades de propietarios. Esta iniciativa pretende reactivar comunidades inexistentes o paralizadas, especialmente en edificios donde la falta de organización impide acceder a subvenciones públicas para rehabilitación, mantenimiento y mejora de viviendas.
Administradores de oficio para dinamizar los barrios
El convenio, suscrito por el alcalde Francisco de la Torre y el presidente del Colegio, Manuel Jiménez Caro, establece la creación de una bolsa de administradores colegiados. Estos profesionales serán designados de forma objetiva, siguiendo un baremo previamente establecido, y ofrecerán sus servicios durante un periodo de cuatro años a las comunidades seleccionadas.
El objetivo principal es facilitar la regeneración urbana en zonas más vulnerables de Málaga, donde la inexistencia de una comunidad de vecinos dificulta la conservación de los edificios y limita el acceso a ayudas públicas.
Financiación y gratuidad inicial del servicio
Para poner en marcha este programa, el Instituto Municipal de la Vivienda ha destinado una subvención directa de 250.000 euros al Colegio de Administradores de Fincas. El primer año de servicio será gratuito para los residentes de las comunidades beneficiarias. Posteriormente, las comunidades asumirán una parte del coste de manera gradual: el 25% en el segundo año, el 50% en el tercero y el 75% en el cuarto año.
Funciones clave para normalizar la gestión vecinal
Los administradores asignados se encargarán de tareas esenciales como:
- Legalizar la constitución de la comunidad.
- Gestionar las cuentas y trámites administrativos.
- Solicitar subvenciones y gestionar proyectos de rehabilitación.
- Supervisar el mantenimiento y las obras de conservación.
- Representar legalmente a la comunidad ante las administraciones.
Todos estos servicios se ofrecerán bajo un sistema de tarifas reguladas y supervisadas por el Colegio para asegurar la transparencia y la equidad económica.
Un plan con criterios públicos y enfoque social
La asignación tanto de los administradores como de las comunidades se hará mediante convocatorias públicas y procesos objetivos. Tendrán prioridad los edificios con más de 25 años y aquellos ubicados en entornos con mayores dificultades sociales, según los diagnósticos de las Juntas Municipales de Distrito y los programas de integración del Consistorio.
Esta medida se integra dentro de la estrategia del Ayuntamiento para fortalecer la organización vecinal, mejorar la gestión del parque residencial y favorecer la creación de entornos urbanos más seguros, sostenibles y cohesionados.