El estado del mantenimiento y la rehabilitación de edificios en la provincia de Las Palmas se ha vuelto especialmente complicado en los últimos tiempos. La falta de empresas disponibles, la escasez de profesionales cualificados y la saturación del sector están dificultando la ejecución de trabajos esenciales en muchas comunidades de propietarios.
Esta situación ya está teniendo efectos visibles: reparaciones que se alargan más de lo previsto, aumento de los costes y problemas para resolver incidencias cotidianas. En algunos casos, incluso, obras que ya estaban en marcha han quedado paralizadas, dejando proyectos a medias y generando preocupación entre los vecinos.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas, su presidenta, Elena Azparren, apunta que tras la pandemia se ha producido un cambio significativo en el funcionamiento del sector. La falta de recursos humanos y empresariales está incrementando la presión sobre la gestión diaria de las comunidades, que deben afrontar sus necesidades de conservación en un contexto cada vez más complejo.
El papel clave del administrador colegiado
Ante este escenario, el Colegio insiste en la importancia de contar con administradores de fincas colegiados, ya que ofrecen mayores garantías gracias a su formación continua, el cumplimiento de normas profesionales y el respaldo de la institución que supervisa su labor.
Aunque estos profesionales no sustituyen a técnicos ni a empresas ejecutoras, sí desempeñan un papel fundamental en la coordinación de actuaciones, el seguimiento de trámites, la organización documental y el asesoramiento en la toma de decisiones dentro de las comunidades.
No obstante, desde la entidad advierten de que, en muchas ocasiones, la frustración derivada de los retrasos o de la falta de respuesta de proveedores recae de forma injusta sobre estos profesionales. Por ello, rechazan los comportamientos irrespetuosos hacia los administradores y recuerdan que el mantenimiento de los edificios depende del trabajo conjunto de múltiples actores.
Incertidumbre por el fin de las ayudas europeas
A las dificultades actuales se suma la preocupación por la finalización de los fondos Next Generation, cuyo plazo para muchas actuaciones concluye el 30 de junio. Esto está añadiendo presión a comunidades y profesionales, que deben acelerar la ejecución de obras financiadas con estas ayudas.
Además, existe incertidumbre sobre la continuidad de incentivos fiscales ligados a la mejora de la eficiencia energética, como la instalación de sistemas de aerotermia, autoconsumo solar o la rehabilitación de la envolvente de los edificios.
Exceso de trámites y necesidad de colaboración
Otro de los problemas señalados es la elevada carga administrativa. La cantidad de requisitos y documentación exigida complica la tramitación de proyectos y supone un esfuerzo adicional tanto para las comunidades como para los profesionales implicados. Simplificar estos procedimientos se plantea como una medida clave para agilizar las intervenciones.
En este contexto, el Colegio estudia impulsar nuevas vías de colaboración con el sector de la construcción y con las administraciones públicas, con el objetivo de mejorar la coordinación y dar respuesta a las necesidades reales del parque inmobiliario.
En definitiva, el reto pasa por reforzar la cooperación entre todos los agentes implicados —propietarios, técnicos, empresas, administraciones y administradores—, proteger el ejercicio profesional y reducir la burocracia, para garantizar un mantenimiento adecuado de los edificios y afrontar con mayor eficacia los desafíos futuros.