La reciente decisión del Congreso de rechazar el Real Decreto-ley 2/2026 ha provocado la paralización de varias medidas vinculadas al denominado escudo social. Entre ellas se encontraba la ampliación de las deducciones fiscales destinadas a impulsar la rehabilitación energética de viviendas y edificios, una situación que, según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), genera incertidumbre y pone en riesgo importantes inversiones ya en marcha.
Incentivos fiscales que quedan en el aire
El decreto incluía la prórroga de deducciones en el IRPF que permitían recuperar entre el 20% y el 60% de la inversión realizada en obras de mejora energética. Estas ventajas fiscales podían aplicarse a actuaciones realizadas en viviendas particulares hasta el 31 de diciembre de 2026 y a intervenciones en edificios residenciales completos ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2027.
Tras la no convalidación de la norma el pasado 26 de febrero, estos incentivos han quedado suspendidos. Según los administradores de fincas, esta situación afecta a actuaciones relacionadas con la instalación de sistemas de aerotermia, autoconsumo fotovoltaico —tanto individual como compartido— o trabajos destinados a mejorar el aislamiento de los edificios y reducir la demanda energética.
Comunidades de propietarios en plena ejecución de obras
El CGCAFE advierte de que la suspensión llega en un momento especialmente delicado. En toda España, miles de comunidades de propietarios están terminando actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation, cuyo plazo de ejecución y justificación ante la Unión Europea finaliza el 30 de junio.
Muchas de estas intervenciones se aprobaron en juntas de propietarios teniendo en cuenta un esquema de financiación que combinaba subvenciones públicas, préstamos bancarios o derramas extraordinarias, junto con las deducciones fiscales previstas por el Gobierno.
Por ello, la paralización de estos incentivos puede poner en riesgo inversiones importantes. Según el organismo, la inversión media en estos proyectos suele superar los 25.000 euros por propietario, lo que significa que millones de euros ya comprometidos podrían verse afectados por el cambio de escenario.
Riesgo de frenar nuevas rehabilitaciones
Los administradores de fincas advierten de que modificar las condiciones fiscales cuando las obras ya están iniciadas o incluso a punto de terminar puede dañar la confianza de los propietarios.
A su juicio, resulta difícil pedir a los vecinos que asuman endeudamiento o importantes derramas para financiar estas actuaciones si las condiciones económicas cambian durante el proceso. Esta situación podría tener además un efecto inmediato: frenar la aprobación de nuevos proyectos de rehabilitación energética en comunidades de propietarios.
Un parque residencial envejecido
El sector recuerda que España cuenta con un parque de viviendas especialmente antiguo. Más del 40% de los 25,7 millones de viviendas existentes fueron construidas antes de que existieran normativas de aislamiento térmico o antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.
A pesar de ello, el ritmo de rehabilitación energética sigue siendo muy bajo, con apenas un 0,15% del parque residencial renovado cada año, una cifra que, según los administradores de fincas, implicaría más de dos siglos para modernizar completamente los edificios del país.
Petición de un marco fiscal estable
Ante este escenario, el CGCAFE reclama al Gobierno la recuperación de las deducciones fiscales y la creación de un sistema de incentivos estable y permanente que dé seguridad a los propietarios.
Entre las medidas propuestas se encuentran convertir las deducciones por rehabilitación energética en el IRPF en un mecanismo estructural —para evitar depender de prórrogas puntuales— y ampliar los plazos de ejecución y justificación de las obras vinculadas a los fondos europeos.
Asimismo, el colectivo plantea otras medidas complementarias, como bonificaciones en el IBI según la mejora energética del edificio, tipos reducidos de IVA para obras de eficiencia energética o la reducción de tasas municipales de licencia, con el objetivo de acelerar la renovación del parque residencial y cumplir los objetivos europeos de descarbonización.