La falta de acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía española, según los últimos datos del CIS. El desajuste entre una oferta limitada y una demanda al alza —impulsada especialmente en los dos últimos años por un aumento migratorio inesperado— está ejerciendo una presión creciente en numerosas ciudades. La urgencia es evidente: hacen falta viviendas de inmediato, no dentro de los dos años que suele requerir la construcción de obra nueva, un plazo que se dilata por trabas administrativas. En este contexto, las ampliaciones en altura de edificios existentes surgen como una alternativa cada vez más viable para aliviar la escasez habitacional.
A finales de 2024, España superó los 27 millones de viviendas, tras sumar algo más de 102.000 nuevas unidades respecto al año anterior. Ese mismo año, alrededor de 100.980 viviendas de obra nueva quedaron terminadas, la cifra más alta en más de una década y un ritmo que probablemente se superará este año. Sin embargo, este avance sigue siendo insuficiente: cada año se completan unas 100.000 viviendas frente a los aproximadamente 250.000 hogares que se forman. El resultado es un déficit estructural, agravado por el descenso en el tamaño medio de los hogares y el incremento poblacional, un fenómeno que también afecta a otras grandes ciudades europeas y de todo el mundo.
Ante la escasez de suelo disponible, muchos países con alta densidad urbana están recurriendo a la llamada “remonta”, una técnica que consiste en añadir nuevas plantas sobre edificios ya construidos. Esta solución, antes considerada excepcional por su complejidad, se ha visto impulsada por los avances en sistemas industrializados, módulos prefabricados y materiales más ligeros, que permiten reducir riesgos y acortar plazos. Francia, Alemania, Países Bajos y, cada vez más, España están incorporando esta práctica en sus estrategias para ampliar el parque residencial. Europa, en definitiva, empieza a mirar hacia arriba.
La intervención suele realizarse sobre estructuras de hormigón y emplea materiales como la madera o los sistemas de construcción ligera, entre ellos el pladur. Esta última marca, convertida casi en sinónimo del producto, busca posicionarse como protagonista en este tipo de proyectos.
Además de generar nuevas viviendas, la remonta suele ir acompañada de la rehabilitación del edificio original. Esto implica mejoras energéticas, refuerzos estructurales, renovación de fachadas, nuevos aislamientos y modernización de instalaciones. Para los propietarios, estas intervenciones pueden aumentar el valor del inmueble y ayudar a financiar parte del proyecto mediante la venta o alquiler de las nuevas viviendas creadas. Sin embargo, no está exenta de complicaciones.
Los desafíos principales son de carácter técnico y administrativo. No todos los edificios pueden soportar nuevas cargas, por lo que los estudios estructurales son imprescindibles. A ello se suman los prolongados trámites urbanísticos y de licencias, así como la necesidad de obtener acuerdos entre los propietarios del inmueble. En muchas ocasiones, las comunidades de vecinos —a menudo difíciles de poner de acuerdo— pueden retrasar o incluso bloquear estas ampliaciones. Así, aunque la remonta se perfila como una herramienta eficaz para combatir la crisis de vivienda, su implantación aún debe sortear obstáculos significativos para convertirse en una solución generalizada.