El Gobierno ha publicado el proyecto de real decreto destinado a fomentar el autoconsumo colectivo y el almacenamiento distribuido de energía. Esta norma supone la transposición al ordenamiento jurídico español de las directivas europeas de energías renovables aprobadas en 2018 y 2023, que promueven una participación más activa de los ciudadanos en la generación de energía limpia.
Aunque la iniciativa llega con retraso, su aprobación pretende corregir años de regulación restrictiva que, según los expertos, ha frenado el desarrollo de la energía solar en España. Tal y como recordaba el analista Antonio Barrero en su editorial “Diez años del impuesto al sol”, el país ha pagado caro el tiempo perdido bajo normativas “arbitrarias e incongruentes”.
Límites cuestionados al autoconsumo compartido
Uno de los principales reproches a la normativa española ha sido la limitación geográfica para compartir energía entre autoconsumidores. Inicialmente, la distancia máxima se fijó en 500 metros, luego se amplió a 2.000 y ahora se propone elevarla a 5.000 metros. Para muchos especialistas, se trata de una restricción injustificada, ya que la Directiva (UE) 2018/2001 no impone ningún límite de distancia, sino que busca precisamente facilitar la generación distribuida.
La regulación nacional, sostienen, ha creado diferencias artificiales entre tipos de energías renovables, penalizando en especial a la solar fotovoltaica, a pesar de su potencial. Durante años, incluso desde sectores eléctricos se defendió la idea de que España no era un país adecuado para esta tecnología, una afirmación que hoy resulta difícil de sostener.
Europa apuesta por edificios solares y comunidades energéticas
Las recientes directivas comunitarias refuerzan el papel de la energía solar en la eficiencia energética de los edificios. La Directiva (UE) 2024/1275 destaca su importancia para proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los combustibles fósiles y los altos precios eléctricos.
En la misma línea, la Directiva (UE) 2023/2413 establece que la integración de la energía solar en el entorno urbano debe avanzar mediante el autoconsumo con almacenamiento, las comunidades energéticas locales y la recarga bidireccional de vehículos eléctricos.
Retrasos y consecuencias de una regulación incompleta
Desde 2018, España ha mantenido barreras regulatorias que han dificultado la expansión del autoconsumo y la participación ciudadana en la transición energética. La falta de normativa clara sobre almacenamiento con baterías, agregación de demanda o comunidades energéticas dejó a muchos consumidores y empresas sin protección durante momentos críticos, como la crisis del gas en 2022 o el apagón de 2025.
El actual impulso normativo llega tarde, y los expertos advierten que no bastará con aprobar el decreto si no se reforma el mercado eléctrico. La dependencia del sistema centralizado limita la capacidad de los usuarios para gestionar su producción y consumo de energía en tiempo real. Además, desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha evitado introducir cambios estructurales siguiendo las posiciones del sector eléctrico tradicional.
El autoconsumo como derecho ciudadano
Más allá del debate técnico, el autoconsumo representa un derecho de los ciudadanos a protegerse de los combustibles fósiles y de los precios elevados de la electricidad. Persistir en limitar su desarrollo —advierten los expertos— sería tan arbitrario e incoherente como restringir cualquier otro derecho reconocido por la normativa europea.