La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a un nuevo decreto que actualiza el procedimiento de certificación energética de edificios en la comunidad y regula el registro oficial de los certificados de eficiencia. La medida adapta la normativa autonómica a los requisitos fijados por la legislación estatal y europea, sustituyendo el decreto anterior.
El texto normativo, compuesto por 15 artículos organizados en cuatro capítulos —además de una disposición transitoria, varias derogatorias y dos finales— tiene como eje central reforzar la eficiencia energética en la edificación. Su objetivo es impulsar la mejora de la calidad de los inmuebles y garantizar su adecuación obligatoria a los estándares energéticos vigentes en el ámbito nacional y comunitario.
Más transparencia y concienciación ciudadana
Uno de los propósitos fundamentales del decreto es ofrecer a la ciudadanía información pública, objetiva y accesible sobre el comportamiento energético de los edificios. De este modo, se busca incrementar la transparencia en el mercado inmobiliario y favorecer decisiones de compra o alquiler más informadas.
Al mismo tiempo, la norma pretende fomentar una mayor sensibilización de los usuarios respecto a la calidad energética de los espacios donde viven o trabajan, incentivando inversiones en actuaciones de ahorro y eficiencia dentro del sector de la construcción y la rehabilitación.
Registro público y control de ayudas
El decreto regula también el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León, concebido como instrumento clave para garantizar la fiabilidad y publicidad de los datos energéticos de los inmuebles. Este registro no solo refuerza la transparencia del mercado, sino que actúa como herramienta esencial para la gestión y verificación de subvenciones o beneficios fiscales vinculados a mejoras energéticas.
La inscripción de los certificados se realiza a través de la aplicación informática CEREN, que actualmente se encuentra en proceso de adaptación a los nuevos requerimientos legales.
Nuevas obligaciones y simplificación administrativa
Entre las novedades introducidas figura la obligación de renovar o actualizar el certificado energético en aquellos edificios donde sea obligatorio exhibir públicamente la etiqueta energética. Esta exigencia afecta a inmuebles de más de 250 metros cuadrados de superficie útil pertenecientes u ocupados por la Administración pública, así como a edificios del sector terciario con más de 500 metros cuadrados, siempre que su uso esté contemplado en la normativa estatal vigente.
En el ámbito administrativo, el nuevo decreto simplifica los trámites para inscribir los certificados en el registro autonómico. Se reducen los requisitos documentales y el número de firmas electrónicas necesarias, y se establece un procedimiento íntegramente digital, con el objetivo de agilizar la gestión y disminuir la carga burocrática.