La Comisión Europea estudia facilitar el uso de ayudas públicas destinadas a mejorar la eficiencia energética en proyectos de vivienda social y asequible, así como a reforzar inversiones medioambientales y de investigación y desarrollo, con especial atención a las pymes.
La iniciativa figura en un borrador que el Ejecutivo comunitario ha sometido a consulta pública para actualizar las normas sobre ayudas estatales de pequeña cuantía que, por su limitado volumen, no necesitan la autorización previa de Bruselas.
Según explicó la institución, el objetivo es contribuir a aliviar la crisis de la vivienda permitiendo una mayor intensidad de apoyo público en actuaciones de eficiencia energética vinculadas a la vivienda social o asequible y a las empresas sociales que operan en este ámbito.
Más facilidades para I+D y transición verde
Entre las modificaciones propuestas también se incluye simplificar las condiciones para conceder ayudas de menor importe a proyectos de I+D y de protección ambiental, independientemente del tamaño empresarial, aunque se prevé un acceso especialmente ágil para pequeñas empresas de mediana capitalización y compañías de carácter social.
El texto pone un énfasis particular en las pymes. Bruselas plantea permitir instrumentos de financiación de riesgo más flexibles y fórmulas de apoyo mediante ventajas fiscales vinculadas a planes de compra de acciones por parte de empleados.
Asimismo, el borrador abre la puerta a ampliar las ayudas a energías renovables. El presupuesto anual global dejaría de estar limitado a 300 millones de euros, si bien se mantendría un tope máximo de apoyo público por beneficiario.
Otra novedad relevante es la eliminación de la exclusión que actualmente afecta a empresas jóvenes e innovadoras con escasa capitalización que financian el desarrollo de productos con recursos propios en las subastas de ayudas para I+D e innovación.
Otros cambios previstos
La actualización normativa también contempla:
- mayores incentivos para el reciclaje profesional y la formación de trabajadores,
- la ampliación del tamaño de los aeropuertos que pueden acceder a ayudas operativas,
- y la extensión de la mayoría de categorías de ayuda a los sectores agrario y pesquero.
La propuesta modifica el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que define qué tipos de ayudas públicas se consideran compatibles con el mercado interior si cumplen determinadas condiciones, sin necesidad de autorización previa de Bruselas.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 23 de abril y la versión definitiva se adoptará previsiblemente a lo largo de este año, ya que el marco vigente expira el 31 de diciembre de 2026.
En la práctica, este sistema de exenciones ya concentra la mayor parte del apoyo público en la Unión Europea: en 2024, los Estados miembros aprobaron 6.509 medidas sin notificación previa a la Comisión, lo que supuso el 69% del total.