La vivienda continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía, según el último Barómetro del CIS. Una inquietud que comparte el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que ha elaborado un informe con un análisis de la situación actual y un paquete de medidas para hacer frente a lo que define como una emergencia habitacional.
El documento, fruto del trabajo de su Grupo de Vivienda, defiende que este ámbito debe ser tratado como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Además, subraya la importancia de que las soluciones no se limiten a aumentar la oferta, sino que también tengan en cuenta factores esenciales como la habitabilidad, la calidad arquitectónica y el impacto en la vida de las personas.
Diez líneas estratégicas para revertir la situación
El informe plantea diez propuestas principales para avanzar en la resolución de la crisis y evitar que se repita en el futuro:
- Pacto de Estado por la Vivienda: impulsado por el consenso político y coordinado con comunidades autónomas, acompañado de financiación suficiente para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
- Monitorización permanente del mercado: crear un sistema estable y territorializado de observación que involucre a todos los agentes del sector, con el fin de anticipar problemas, estabilizar el mercado y corregir desviaciones en la vivienda libre, protegida y de alquiler.
- Reequilibrio territorial: revertir la concentración poblacional en grandes ciudades y fomentar el desarrollo de ciudades medias y zonas rurales, promoviendo regeneración urbana, económica y social para evitar la despoblación y los efectos negativos de la masificación urbana.
- Nueva planificación urbana: disponer de instrumentos de planeamiento más flexibles, visión territorial a largo plazo y estructuras supramunicipales que apoyen a los ayuntamientos pequeños. Se apuesta también por reforzar las Agendas Urbanas para lograr un crecimiento sostenible.
- Agilización administrativa: reducir plazos en licencias y permisos mediante cambios legislativos y una mayor dotación de recursos técnicos y humanos en las administraciones, evitando la externalización ineficaz de funciones.
- Aumento de la vivienda protegida: mayor inversión pública, colaboración con el sector privado, control en las transmisiones, eliminación de la descalificación y ajuste del módulo de precios a los costes reales de construcción.
- Más vivienda libre y rehabilitación de la existente: favorecer tanto la obra nueva —con disponibilidad de suelo y mejores condiciones de financiación— como la recuperación de viviendas vacías mediante ayudas, campañas de sensibilización y apoyo social.
- Reducción de precios de venta y alquiler: medidas fiscales y de financiación, seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, ayudas directas al alquiler y limitaciones a la vivienda turística.
- Reformas legislativas inmediatas: para aflorar vivienda vacía, agilizar licencias y aprobar una nueva Ley del Suelo que permita instrumentos urbanísticos más ágiles y adaptados a las necesidades actuales.
- Visión a corto, medio y largo plazo: las medidas deben aplicarse de forma combinada y adaptada a cada territorio, teniendo en cuenta su realidad demográfica, económica y social.
Una llamada a la acción coordinada
El CSCAE insiste en que no todas las medidas son aplicables a todos los lugares y que es imprescindible un análisis previo de cada mercado local antes de intervenir. Coincidiendo con las advertencias de la Comisión Europea de Vivienda, el informe reclama un enfoque flexible pero firme que combine políticas públicas, colaboración con el sector privado y una visión estratégica a largo plazo.
Con este documento, los arquitectos buscan situar la vivienda en el centro de la agenda política y social, reforzando su papel como pieza esencial de la cohesión social y el bienestar de la población.