El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado el trámite de audiencia e información pública para modificar el marco regulador de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), mediante un proyecto de Real Decreto que actualiza la normativa vigente. El plazo para la presentación de alegaciones permanecerá abierto hasta el 19 de mayo de 2026 y deberá realizarse exclusivamente a través de un formulario web habilitado.
La propuesta normativa introduce ajustes relevantes en el sistema de CAE, especialmente en lo relativo a los plazos de cumplimiento de obligaciones. En concreto, se plantea ampliar de tres a cinco años el periodo en el que se podrán liquidar estos certificados tras el cierre del ejercicio. Esta medida busca corregir el desajuste generado tras la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, que extendió hasta el 31 de marzo del año siguiente el plazo para cumplir con las obligaciones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, aunque su aplicación efectiva no comenzará hasta 2027.
Por otro lado, el proyecto también introduce cambios en el ámbito de la certificación energética de edificios. Estas modificaciones se vinculan al Real Decreto 659/2025, que reformó el modelo anterior establecido por el Real Decreto 390/2021. El nuevo enfoque redefine la figura del técnico competente, priorizando la acreditación de conocimientos y cualificaciones profesionales frente a los requisitos tradicionales basados en titulaciones.
Entre las novedades, se contempla la necesidad de acreditar formación específica impartida por entidades reconocidas por las comunidades autónomas, así como la presentación de una declaración responsable previa para ejercer como técnico competente. Asimismo, se prevé la creación de registros administrativos donde quedarán inscritos los profesionales acreditados.
No obstante, la aplicación práctica de este nuevo sistema requiere herramientas técnicas y organizativas que aún se encuentran en desarrollo. Por ello, el texto propone ajustar la entrada en vigor del Real Decreto 659/2025, con el objetivo de garantizar su correcta implementación y facilitar su seguimiento por parte de las administraciones competentes.
Con esta consulta pública, el Ministerio busca recabar aportaciones de los distintos agentes implicados, en línea con los principios de transparencia y participación recogidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.