La factura de la calefacción de 1,7 millones de hogares con calderas comunitarias podrá bajar un 50% con una tarifa de ahorro vecinal. Además, las clases medias y trabajadoras podrán beneficiarse de un descuento de hasta el 40% en la factura eléctrica.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que refuerza la protección de los consumidores ante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania y da cumplimiento a 18 de las 73 medidas del Plan Más Seguridad Energética, presentado la semana pasada.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que, en un momento de incertidumbre internacional, el Ejecutivo está centrado en proteger a las familias, los autónomos y las empresas, como ya hizo ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Las iniciativas impulsadas hoy movilizarán cerca de 3.000 millones de euros y supondrán que 4 de cada 10 hogares ya se estarán beneficiando de la cobertura del Ejecutivo en este ámbito.
Rodríguez también ha subrayado que este Decreto-ley es congruente con la política de transición energética iniciada hace cuatro años, que beneficia a todos los ciudadanos, atiende a la mayoría social y no olvida a las personas más vulnerables. «Son reformas profundas» que ofrecen «protección y al mismo tiempo un reparto justo de las cargas», ha resumido.
Protección, transición y eficiencia
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que, desde el primer momento, el Ejecutivo no solo ha priorizado la transformación del sistema energético, sino que ha abordado ese proceso protegiendo a toda la población y al tejido productivo y anticipándose a la respuesta europea.
Ribera ha señalado que este decreto-ley es el décimo sobre esta materia desde junio del año 2021 y que toda esa labor ha logrado impulsar las energías renovables y el autoconsumo, contribuir a la reducción del consumo eléctrico y rebajar en torno al 33% la factura eléctrica (respecto a lo que se pagaría sin esas medidas). «Pero esto no basta, es obvio que tenemos que aliviar el coste de la energía para todos los consumidores, pero debemos centrar nuestra atención en los más vulnerables y debemos pensar no solamente en cómo ampliar la cobertura de los más vulnerables, sino cómo incrementar la protección a clases medias», ha argumentado.
Las medidas impulsadas hoy -con las que ya son 29 las activadas del total de 73 que recoge el Plan Más Seguridad Energética- se agrupan en tres bloques: la protección de los consumidores, la transición energética y el impulso del ahorro y la eficiencia energética, en la línea de «contribuir a este esfuerzo colectivo de una manera justa, inclusiva y equilibrada».
Calderas comunitarias y bono eléctrico
Para aumentar la protección de los consumidores, el texto crea una nueva tarifa de la que se podrán beneficiar quienes tengan un sistema de calefacción basado en una caldera propiedad de la comunidad de propietarios; prorroga las ventajas de las tarifas de último recurso de gas para los pequeños consumidores, ya sean pymes o familias; amplía el bono social térmico; refuerza el bono social eléctrico; flexibiliza los contratos industriales y da más transparencia a las facturas.
La vicepresidenta tercera ha detallado que la tarifa especial para las calderas comunitarias estará en vigor, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2023 y beneficiará aproximadamente a 1,7 millones de familias. Estas deberán tener instalados sistemas de contadores individualizados antes del final de septiembre de 2023 y revisar las calderas para asegurar que funcionan de la manera más eficiente posible. Si las comunidades de propietarios se mantienen en torno a los consumos promedio de los últimos años, la suma de la reducción fiscal de los costes fijos y la nueva tarifa especial supondrá en torno a un 50% de ahorro.
En cuanto a la factura eléctrica, una nueva tarifa, también de carácter temporal, beneficiará a las clases medias y trabajadoras. En concreto, las familias que cuenten con hasta 28.000 euros de ingresos y un número de personas conviviendo en el mismo hogar podrán disfrutar de un descuento especial de hasta el 40% de la electricidad que consumen, según ha explicado Teresa Ribera.
Además, se incrementa la cobertura del bono social eléctrico hasta el 65 y el 80% de descuento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, y se elevan igualmente las ayudas para el bono social térmico.
Impulso del autoconsumo y el ahorro
Para acelerar la transición energética, el Decreto-ley incluye disposiciones adicionales sobre autoconsumo y gases renovables, con una regulación más flexible en el acceso a redes eléctricas y una simplificación administrativa.
En el ámbito del ahorro y la eficiencia, Ribera ha mencionado las deducciones fiscales ampliadas para las inversiones en el contexto de la rehabilitación de viviendas; la libertad de amortización para las empresas que inviertan en bienes de equipo que permitan reducir la factura energética; el aumento de los requisitos de eficiencia para los proyectos de alumbrado público que se inicien el próximo 1 de enero, y la apuesta por los contadores inteligentes de gas natural en los hogares, con una partida presupuestaria destinada a ese efecto.
711 millones de euros para Ceuta y Melilla
El Ejecutivo ha aprobado los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico para Ceuta y Melilla, con una inversión de 711 millones de euros entre 2023 y 2026. Más del 75% de la financiación procede de los Presupuestos Generales del Estado y de Fondos Estructurales de la Unión Europea, y el resto, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Los planes contienen más de 140 medidas agrupadas en torno al desarrollo de un nuevo modelo económico, la promoción de infraestructuras y vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos.
La ministra de Política Territorial ha subrayado que es una inversión «sin precedentes», fruto del compromiso del presidente del Gobierno con las dos ciudades autónomas y del trabajo de todo el Ejecutivo. En la redacción de los documentos han participado diecisiete ministerios, además de administraciones locales y agentes sociales.
Educación inclusiva y homologación de títulos
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 38 millones de euros para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Infantil y los dos primeros ciclos de Educación Primaria. La portavoz del Gobierno ha afirmado que su objetivo es «asegurar que todos los niños y niñas con necesidades especiales tienen el apoyo educativo que merecen».
En el ámbito de la educación superior, el Ejecutivo ha agilizado el procedimiento para las solicitudes de homologación y equivalencia de títulos extranjeros, de forma que se promueva el talento en nuestro país y este sea, además, «atractivo para el talento que está en otras partes del mundo», ha indicado la portavoz.
Otros acuerdos del Consejo de Ministros
El Gobierno ha autorizado un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para crear una nueva línea de avales para rehabilitación de viviendas, por valor de 1.100 millones de euros. Cubrirán hasta el 50% de las obras, por lo que la inversión total en el sector alcanzará los 2.200 millones. Isabel Rodríguez ha recordado que el compromiso es inyectar hasta 2026 más de 3.400 millones para rehabilitación de viviendas, especialmente con el propósito de mejorar su eficiencia energética.
Finalmente, el Ejecutivo ha autorizado la construcción de un nuevo tramo de la línea de alta velocidad Palencia-Santander, con una inversión superior a los 88 millones de euros.
