Tras la pandemia, España tiene un gran reto por delante; recuperarse del choque que ha supuesto en términos económicos, y hacerlo enfocada en las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Para ello, cuenta con los Fondos Europeos de Recuperación que, entre otros aspectos, ponen el foco en la rehabilitación y regeneración urbana, con un presupuesto de 6.820 millones de euros hasta 2023 y dos metas por cumplir. La primera, ejecutar obras de rehabilitación de edificios y viviendas particulares y la segunda, rehabilitar edificios públicos y construir nuevas viviendas sociales.
El sector inmobiliario se encuentra así ante una oportunidad histórica para abordar una de las asignaturas pendientes de nuestro país, donde el 50% de los edificios de uso residencial y casi 60% de los inmuebles de uso industrial son son anteriores a 1980. El parque residencial español es uno de los más envejecidos a escala europea y, con certificaciones energéticas E, F y G, gasta el 30% del total de energía que se consume en el país, según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Por todo ello, es primordial impulsar la figura del agente rehabilitador, que será clave en la gestión y canalización de los fondos europeos Next Generation hacia las comunidades de propietarios, dentro del Programa de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que propone el Ejecutivo. Esta fue una de las principales conclusiones del observatorio El papel y la importancia del Agente Rehabilitador, organizado por elEconomista en colaboración con Vía Ágora y Tinsa.
El encuentro contó con la participación de José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid; Pedro Soria, CCO de Tinsa; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora; Javier Ron, director de Consumo de Bankinter; y Alba Brualla, directora de EcoUrban, en calidad de moderadora del acto.
Los expertos coincidieron en la importancia de la divulgación y la concienciación para llevar a la ciudadanía la oportunidad que tienen en materia de rehabilitación dentro de sus viviendas.
Desde Vía Ágora, admite Gómez-Pintado, «entendemos que hay una oportunidad en el mundo de la rehabilitación que engloba varias ramificaciones de ideas«, y es ahí donde jugará un papel clave el agente rehabilitador, «en la gestión de la subvención, desde la identificación de un proyecto a la redacción y ejecución del mismo».
En este sentido, según apuntó José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, «se ha perdido una oportunidad para controlar de manera más precisa la función del agente rehabilitador», en referencia a las prevenciones de carácter financiero y técnico, que permitan responder en la clásica responsabilidad civil frente a terceros. «El agente rehabilitador es un concepto jurídico indeterminado y como tal, debería ser una posibilidad de introducir cualquier elemento público o privado, persona física o jurídica que tenga esa capacidad de movilización de funciones, de acompañamiento en la gestión, de ejecución de los proyectos y justificación frente a la Administración», explicó.
Por otro lado, destacó que, del mismo modo, «se ha perdido una gran ocasión de exceptuar el mecanismo de la gestión de las ayudas», «que se apoya en la clásica ley de subvenciones», y «no se ha creado un procedimiento que permita una regulación más ágil y directa de los fondos». Por tanto, señaló que «si queremos una colaboración público-privada de un agente rehabilitador que gestione los fondos europeos mediante un modelo ‘llave en mano’, hagamos un procedimiento ‘llave en mano’ que dé facilidades».
Esta medida, que supone que todas las fases del proyecto se acuerden en el mismo acto y con una persona responsable de coordinar casi todos los trámites -en este caso, el llamado ‘agente rehabilitador’-, se realizará para facilitar la gestión en las comunidades de propietarios y al resto de beneficiarios de las ayudas.
No obstante, los expertos coinciden en que el real decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social tiene «importantes lagunas», en cuanto a los trámites para las concesiones, por ello, explican «es esencial la figura del agente rehabilitador», también, como instrumento de conexión de acceso a la financiación, «ante una oportunidad de generar un sector nuevo con vocación de quedarse en el tiempo», como matizó García.
En la misma línea, Pedro Soria, CCO de Tinsa admitió que en este proceso «está cogido todo con alfileres». «Bien es cierto que hay una oportunidad en la figura del agente rehabilitador, pero según el decreto del Gobierno, agente rehabilitador puede ser cualquiera». Por ello,«desde Tinsa hemos dado un paso hacia delante, para ver realmente donde estarán las oportunidades». «Lo primero que hemos hecho ha sido analizar el parque de viviendas y ver realmente qué edificios podrían aportar un gran potencial desde el punto de vista del ahorro, tanto de energía primaria no renovable como en eficiencia energética», aseguró Soria, donde las entendidas financieras serán también un pilar clave para la financiación.
«Nosotros tenemos mucha cercanía a las entidades financieras, y dentro de todo lo que es el proceso, entendemos que tanto la parte de análisis previo, en cuanto a la eficiencia energética como la parte de la resolución, son factores claves», admitió el CCO de Tinsa.
Así, Javier Ron, director de Consumo de Bankinter, destacó que «el Plan de Rehabilitación Energética y Regeneración Urbana es una oportunidad histórica a nivel de país». «Tanto la Administración Pública, como los agentes rehabilitadores, las empresas privadas y los bancos tenemos que ser capaces de llevar a cabo esta oportunidad a nivel ciudadano».
La importancia de actuar en el sector de la edificación lo pone de manifiesto el hecho de que el parque de edificios existentes consume en torno a un tercio de la energía final, por lo que la rehabilitación energética del mismo figura como medida prioritaria en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el que se ha fijado como objetivo rehabilitar energéticamente 1.200.000 viviendas en 2030.
De igual modo, en nuestro país todavía existe un parque de viviendas que no está dotado de instalaciones de calefacción. De acuerdo con estudios realizados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) este porcentaje asciende al 10%, lo que puede suponer potencialmente alrededor de 200.000 viviendas que se podrían dotar de calefacción con energías renovables. Además, habría que considerar las posibles renovaciones de instalaciones de calefacción y refrigeración existentes con equipos obsoletos y/o combustibles fósiles. Estas consideraciones no solo son aplicables al parque edificatorio residencial de titularidad privada sino también a los edificios administrativos y dotacionales de titularidad pública.
Esta situación afecta de forma particular a los denominados municipios de reto demográfico, donde existen en torno a unos 6.827 municipios y núcleos con menos de 5.000 habitantes, que concentran a 5,7 millones de personas, el 12 % de la población total.
De esta forma, se contribuye a cumplir por una parte con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, en relación con la rehabilitación energética de los edificios. Y, por otra, con el objetivo de ahorro energético relativo a la eficiencia energética a largo plazo para movilizar inversiones en los edificios residenciales y comerciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir el consumo de energía.
