Aprobada la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana de Castilla León.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer con los votos del Partido Popular y en contra de PSOE y Grupo Mixto la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana concebido como una “alternativa clara” a la construcción de viviendas en el objetivo último de reactivar el sector de la construcción, dinamizar la economía y crear empleo. Así lo defendió el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, quien ha recordado a este respecto que por cada millón de euros que se destina a rehabilitación se generan 56 puestos de trabajo, a lo que ha sumado que cada 1.000 euros de ayuda directa genera una inversión productiva tres veces superior.

El consejero Silván ha apelado a los efectos positivos que conlleva la ‘triple R’ (renovación, regeneración y rehabilitación) por lo que ha considerado que ha llegado el momento de actuar dentro de las ciudades -el 51 % de la población reside en las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes y otro 21 % en los municipios de más de 5.000 habitantes o en el entorno de las capitales-para mejorar el estado de conservación del parque de viviendas de Castilla y León en pro de su sostenibilidad y de la eficiencia energética. Silván ha asegurado que la Ley de Rehabilitación Urbana, que sustituye a la Ley de Vivienda, es una norma para las ciudades de Castilla y León que continúan atrayendo población pero que tienen a sus barrios más antiguos, o espacios urbanos vulnerables, sometidos a cambios funcionales que exigen una intervención a tiempo para evitar su deterioro y garantizar una vivienda “digna”.

La rehabilitación de edificios como prioridad

Esta norma incide en avanzar en una ciudad consolidada frente a la dispersión y establece la posibilidad de que unos terrenos clasificados como suelo urbanizable puedan retornarse a suelo rústico. Para ello, los interesados deben demostrar la viabilidad de los terrenos clasificados en su día como suelo urbanizable para no retornar a suelo rústico. También prioriza la rehabilitación de edificios, incluidas sus instalaciones y sus espacios privativos vinculados cuando exista insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad, y considera esencial actuar en la mejora de la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad del entorno urbano de esos edificios, incluyendo los espacios libres, servicios urbanos e infraestructuras “siempre que exista situaciones de vulnerabilidad o situaciones graves de pobreza”.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva Ley, en sintonía con la legislación europea, es que la licencia urbanística como tal se reserva a los actos más relevantes mientras que para los demás se regula el régimen de declaración responsable, “un acto administrativo más sencillo que beneficia a los ciudadanos y agiliza la tramitación” con la generalización del procedimiento de firma electrónica.

Por su parte, actuaciones urbanísticas consideradas menores no requerirán licencia urbanística municipal y sólo una declaración responsable ante la autoridad municipal que automáticamente dará permiso municipal reservándose el derecho a inspección posterior, no previa como ocurre actualmente. Esas actuaciones menores son la modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones (de carácter integral o parcial), el cambio de uso de construcciones e instalaciones (una vivienda que pasa a tener uso comercial), cerramientos y vallados, vallas y carteles publicitarios visibles en la vía pública, instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares, el uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones, la ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo (cuando no afecten a elementos estructurales o no sean de obra nueva), obras menores de sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas, e incluso trabajos previos a la construcción (sondeos, prospecciones, catas, ensayos y limpieza de solares). No obstante, la licencia urbanística seguirá siendo necesaria en las actuaciones relevantes: construcciones de nueva planta, demolición de construcciones e instalaciones (salvo en caso de ruina inminente), actividades mineras y extractivas, construcción de presas, desmontes, excavaciones, explanaciones y movimientos de tierra, corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable, entre otras actuaciones.

La nueva normativa busca el impulso de las políticas de accesibilidad y favorece la instalación de ascensores, aparcamientos adaptados y otros servicios comunes y la consideración de los riesgos en el urbanismo, con previsiones respecto a los terrenos inundables.

fuente: www.prefieres.es