El Palo y La Zanahoria

El pasado 1 de noviembre ha entrado en vigor  la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y la lucha contra el fraude, que viene a incrementar de forma sustancial determinadas obligaciones de los contribuyentes, y a ampliar sensiblemente las facultades de la Administración Tributaria.

Entre las importantes novedades que conlleva esta nueva norma, ha destacado en el debate público la obligación de informar sobre los bienes y derechos detentados en el extranjero, y que según la propia Administración Tributaria, es una medida que viene a contrarrestar los efectos de la regularización fiscal, comúnmente conocida como amnistía fiscal.

Si con la regularización fiscal se pretende que afloren patrimonios ocultos a un coste irrisorio (LA ZANAHORIA), con la nueva norma, se penaliza a aquellos contribuyentes que no se hubieran puesto al día con Hacienda, y continúen manteniendo ocultos patrimonios en el extranjero (EL PALO).

En el primer trimestre de 2013, habrá que declarar al fisco todos los bienes y derechos que se posean en el extranjero y que se refieran a:

  1. Cuentas bancarias y depósitos y productos financieros situados en el extranjero.
  2. Títulos o valores de sociedades o entidades, préstamos así como seguros de vida o rentas vitalicias, contratados con entidades establecidas en el extranjero.
  3. Bienes inmuebles y derechos sobre los mismos situados en el extranjero.

Y nuevamente, EL PALO… la citada norma establece un muy riguroso régimen sancionador, que se concreta en que por cada dato omitido en la declaración informativa, se impondrá una multa pecuniaria de 5.000€ con un mínimo de 10.000€. Es evidente que es un tema que no hay que tratar a la ligera.

En el proyecto de real decreto que desarrolla la Ley, se establece que estarán exonerados los bienes y derechos inferiores a 20.000€ o aquellos que las empresas tengan identificados individualizamente en su contabilidad, entre otros supuestos.

Esta declaración informativa deberá presentarse cada año, si existen modificaciones en la composición del patrimonio, o si los elementos declarados han sufrido un incremento de 20.000€.

A su vez, y no menos importante, es la consecuencia que tendrá en el IRPF o en el IS del contribuyente, si como consecuencia de una comprobación se detectan estos bienes o derechos.

La ausencia de la declaración informativa o su omisión del bien en la misma, comportará que estos bienes se imputarán como ganancia patrimonial en IRPF a tributar a tipos marginales de hasta el 56%, más la correspondiente sanción e intereses, lo que puede suponer en la práctica, la cuasi confiscación del bien.

De la misma forman a las entidades afectas al IS, se les imputará como mayor renta, al tipo fiscal que les resulte aplicable.

No obstante lo anterior, la norma ha establecido 2 excepciones para no aplicar esta imputación  y serán:

  • Cuando el contribuyente acredite que los bienes y derechos cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas.
  • Con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición contribuyente por obligación personal en España.

Sin embargo, para estos contribuyentes, esta previsión no supondrá que no puedan ser multados por no haber realizado la declaración informativa, por cuanto la obligación informativa  tiene una naturaleza jurídica autónoma.

Es indiscutible que los Tribunales tendrán que decidir si esta prevención legal es ajustada a nuestra constitución, pero lo que es cierto es que será un tema que tendrán que resolver ellos, por cuanto será combatida por los contribuyentes afectados, ya que supone introducir unos supuestos de imprescriptibilidad.

Otra cuestión que no habrá que olvidar es que a partir de la fecha de la declaración, las personas obligadas a presentar  el impuesto sobre el patrimonio tendrán que declarar estos bienes, y que las empresas deberán tener contabilizadas, ya desde el 31 de diciembre de 2012 la titularidad de aquéllos que se posean en el extranjero.

El tiempo dará y quitará razones, pero es bien cierto que a los ciudadanos se nos ha impuesto una nueva obligación, con unas consecuencias muy duras, que hará que debamos ser muy cuidadosos con el cumplimiento de nuestros deberes.